En las últimas décadas hemos visto como las fuerzas políticas de los autoproclamados progresistas e izquierdistas han instrumentalizado las leyes contra el discurso de odio para convertirlo en el nuevo delito político que pretende suprimir toda crítica u opinión contraria a sus intereses. Según la Real Academia Española, un delito político es el «delito que establecen los sistemas autoritarios en defensa de su propio régimen». Con ello reaparece también el denominado crimen de pensamiento, con lo cual se constituye un sistema claramente represivo y antidemocrático que castiga la disidencia política.
Con estas leyes, decir la verdad está penalizado. Cualquier afirmación contraria a la versión impuesta por el grupo dominante se convierte en ilegal. El derecho a la libertad de expresión comprendido en la Constitución ya no es aplicable, como tampoco lo serán los principios de igualdad ante la ley ni el de non bis in idem, en tanto que la respuesta de la justicia exclusivamente se ensañará, de manera asimétrica, en el sujeto que no pertenece al grupo social considerado "tradicionalmente discriminado", así como se corre el riesgo de que una misma acción contraria a la ley se podrá castigar dos veces.
También se observa un efecto político y social contraproducente cuando determinados colectivos o grupos sociales gozan de una especial sobreprotección jurídica debido a unas políticas perniciosas de empoderamiento resultantes de una reivindicación constante y una planificada escalada de exigencias que favorecen la impunidad de estos grupos que terminan reclamando todos los derechos y prácticamente ninguna obligación, amparados siempre por políticos que, a su vez, dependen de su voto.
La persecución del denominado discurso de odio podría asimismo utilizarse para emprender una campaña hostil de guerra jurídica contra cualquier Estado, colectivo o grupo social con la finalidad de anular toda defensa u oposición a la agresión perpetrada por el mismo querellante, refugiado en el mismo sistema legal del que hace un uso perverso. Las posibilidades de injerencia exterior sobre cualquier Estado, colectivo o grupo se incrementan de manera alarmante cuando se da lugar al empleo de esta arma jurídica que casi siempre se termina volviendo contra quien la incluye en su código penal.
