Spin-offs e incubadoras de empresas

En enero de este año nos sorprendía la noticia: «La Audiencia juzgará a tres profesores por apoderarse de fondos de becarios». Tal y como podemos comprobar en este otro documento y la página web, se evidencia la generalización de prácticas ilegales en el ámbito académico-empresarial. Es común la contratación de auxiliares precarios que realizan el verdadero trabajo para luego reemplazarlos por nuevos becarios. Directores y coordinadores de los proyectos, funcionarios y profesores universitarios, desarrollan actividades económicas irregulares que les permiten gozar de unos ingresos privados incompatibles. Los académicos quedan entonces amparados por el reconocido carácter público de sus "trabajos" y por el interés general de las investigaciones o desarrollo de productos, cuando en realidad serán comercializados por el sector privado, es decir, empresas asociadas, spin-offs dirigidas por los mismos catadráticos o doctores y firmas en las cuales son comisionistas. Los funcionarios públicos, ya remunerados por la administración, se beneficiarían también de los privilegios inherentes a la gestión privada. A esto sumamos que tales participantes jamás corren riesgo financiero alguno al proceder las inversiones de fondos públicos o subvenciones de determinadas instituciones orientadas al interés general, igualmente controladas por afines. En caso de que los productos o patentes no sean rentables, tampoco habría riesgo, ya que la universidad absorbe las deudas y nadie exigirá responsabilidades a una gerencia ocupada en la formación de futuros profesionales. Siempre podrán alegar que es un error necesario para testar el resultado de una investigación. Por no tener, estos académicos-empresarios, no tienen ni las requeridas obligaciones comunes hacia los trabajadores, convertidos en dóciles becarios pagados con fondos ajenos al negocio. ¿Quién los controla? Ellos son la Administración.