Previsión económica y social en España para 2013

Sintetizando todas la informaciones que aportan los analistas, 2013 será un año difícil para los ciudadanos por la mala gestión del actual Gobierno.

1. España está en medio de dos corrientes antagónicas en la eurozona, en función del interés que pueden tener los acreedores de un nuevo rescate financiero y quienes encuentran motivos para aplazarlo.

2. El desequilibrio entre ingresos y gasto público no se corrige.

3. No se aplican medidas para restablecer la actividad industrial y comercial.

4. Un aceptable ritmo de exportaciones contribuye a equilibrar la balanza de pagos. Aunque Aznar Botella contempla un ascenso de  transacciones salientes del 5% en el segundo trimestre de 2012, los medios fijan este crecimiento exportador en el 3,6% y el superávit por cuenta corriente no supera los 1.244,2 millones de euros, en lugar de los 2.000 millones contabilizados por el columnista de La Razón. Sí coincide la bajada de las importaciones, un espectacular 1% hasta el verano pasado, que afinaremos en el 0,8% para ser más exactos.

Estaríamos en el camino correcto atendiendo el tramo pendiente que menciona Europa Press: «En concreto, el déficit acumulado de la balanza comercial se situó en 19.456,8 millones de euros hasta agosto, un 26,4% inferior a los 26.447,9 millones en el mismo periodo del año anterior».

5. Las insolidarias reivindicaciones de los funcionarios, empleados privilegiados, compromete la toma de decisiones encaminadas a reducir el déficit público. Las demandas salariales son inadmisibles, exigirían el incremento de la carga impositiva y empujarían el encarecimiento del cuadro retributivo en el sector privado menoscabando la creación de empleo.

La inoportuna escalada en los haberes de un número excesivo de funcionarios desencadenaría un alza en los precios porque obliga aumentar los costes en todo el sector privado; la temida espiral inflacionista en un período que registramos una caída de la demanda interna que ahora acompaña un debilitamiento de la producción cuyo proceso deriva en estanflación.

6. La privatización de la sanidad no supone un ahorro efectivo al tener que compensar las pérdidas del inversor particular mediante el recurso de fondos públicos. La atención al usuario empeora en el centro privado, donde el personal suele tener un contrato de trabajo precario y esto afecta al rendimiento laboral. Por el contrario, la enseñanza sí puede y debe privatizarse para mejorar la gestión y calidad del servicio educativo.

7. Estimo inadecuado elevar la presión tributaria a los emprendedores, cualquiera que sea su fortuna. Se depreciaría la libre capacidad para invertir. El Ejecutivo español no debería haber cedido ante el irreflexivo requerimiento para aumentar la enojosa carga fiscal de empresarios y ahorradores; el sistema tributario no debe penalizar la acumulación legítima de capitales. Alfredo Pérez Rubalcaba manifiesta una clara irresponsabilidad.

No pertenecen a esta categoría los magos defraudadores que pretenden escapar del control de la Agencia Tributaria invirtiendo en instrumentos financieros como las SICAV que no contribuyen a incrementar la riqueza general ni contabilizan en el PIB. En lugar de aplicar un tipo marginal IRPF del 52%, como corresponde a los mayores patrimonios, se grava un insignificante 1% en concepto de impuesto sobre sociedades. La diferencia impositiva del 51% bien podría considerarse un fraude fiscal por eludir la carga tributaria real que sustrae fondos al erario público. Se tolera la presencia de un instrumento de inversión que no conforma una sociedad de participación colectiva sino la pantalla legal diseñada para encubrir una cartera individual.

8. La falta de expectativas y el abandono de las obligaciones del Estado provocarán mayor indignación popular: "El Estado pide mucho pero no ofrece nada".

9. Los dos últimos gobiernos están completamente desconectados de la realidad. Partido Popular y PSOE viven ajenos a los acontecimientos. El ensimismamiento político y el desprecio hacia los ciudadanos están envenenando la democracia. La sociedad no obtiene beneficio alguno con este ilógico contrato. El pueblo es consciente de la ilegitimidad del actual sistema. No hay transparencia.

10. Alberto Ruiz-Gallardón, enloquecido con una vorágine reformista sin sentido, de un lado obtura el acceso a la justicia dejando que cada ciudadano tenga que arreglar sus litigios sin acudir a los tribunales (proceso de desjudicialización), al mismo tiempo que está forzando el aumento de la morbilidad penal, como también induce al temerario agravamiento de la población dependiente invalidando familias enteras mientras su partido defiende el individualismo ultraliberal con un programa político insolidario y anticristiano.