Justicia social, derechos sociales e interés general

En síntesis, por justicia social podemos entender que es un intento político encaminado a procurar una redistribución de la renta y la riqueza que garantice unas condiciones materiales mínimas a todos los ciudadanos y, en especial, a los más desfavorecidos. Los derechos sociales se concretan en aquellos derechos dirigidos a proporcionar unas condiciones económicas básicas y el acceso a determinados bienes esenciales. Mientras que el interés general define las funciones encomendadas a los poderes públicos para favorecer el bien común en oposición al interés privado.

En principio, la idea de promover un solidario reparto de los bienes sociales para beneficiar a los menos afortunados económicamente parece encomiable, como también lo es garantizar unos recursos básicos a toda la población. Pero cuando se pretende una redistribución o reparto sin ningún compromiso para la parte beneficiaria, cuando de la reclamación del derecho se pasa a la exigencia habitual en progresión ascendente sin asumir ninguna obligación o deber, entonces podemos manifestar que la política social está fomentando la improductividad.

Nunca debemos olvidar que el gasto público lo financian los contribuyentes. Las obligaciones tributarias propias del conjunto productivo de un Estado tienen un objetivo común, pero esta sustracción de renta procedente de aquellos que realmente colaboran en el crecimiento económico no debería destinarse a favorecer la permanente escalada de exigencias sociales de aquellos que menos se esfuerzan y que perciben una supuesta obligación moral para compensar las diferencias. Cuando un Estado prioriza el gasto público de transferencia en detrimento de quienes producen y generan capital, cuando al trabajador se le impone mantener un sistema político y social donde se fomenta el derecho de los improductivos a obtener bienes y servicios sin el menor esfuerzo ni compromiso alguno, entonces se desincentivará la laboriosidad y se propagará la injusticia social.