Prohibido indignarse ante el racismo antiblanco

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El aborto como derecho incuestionable

Una vez más, resulta contradictorio que quien propugna la reducción del Estado, aminorar el gasto público y restringir la dependencia de las ayudas sociales se oponga al derecho al aborto. Si se ilegaliza el aborto, tal y como plantea el presidente electo de Argentina, Javier Milei, no cabe duda que se incrementarán los nacimientos no deseados y se expandirá la pobreza aumentando la demanda del asistencialismo. Un pretendido desmantelamiento del Estado benefactor no es compatible con una prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. Supone una mayúscula incongruencia adherirse a un supuesto libertarismo cuando en realidad se están menoscabando derechos individuales tan fundamentales como la libertad de cada persona para elegir el destino de su propia vida. Con ello se obliga a una maternidad forzada por el Estado que muchas veces acarrea la propagación y perpetuación de una insalvable pobreza.

Justicia social, derechos sociales e interés general

En síntesis, por justicia social podemos entender que es un intento político encaminado a procurar una redistribución de la renta y la riqueza que garantice unas condiciones materiales mínimas a todos los ciudadanos y, en especial, a los más desfavorecidos. Los derechos sociales se concretan en aquellos derechos dirigidos a proporcionar unas condiciones económicas básicas y el acceso a determinados bienes esenciales. Mientras que el interés general define las funciones encomendadas a los poderes públicos para favorecer el bien común en oposición al interés privado.

En principio, la idea de promover un solidario reparto de los bienes sociales para beneficiar a los menos afortunados económicamente parece encomiable, como también lo es garantizar unos recursos básicos a toda la población. Pero cuando se pretende una redistribución o reparto sin ningún compromiso para la parte beneficiaria, cuando de la reclamación del derecho se pasa a la exigencia habitual en progresión ascendente sin asumir ninguna obligación o deber, entonces podemos manifestar que la política social está fomentando la improductividad.

Nunca debemos olvidar que el gasto público lo financian los contribuyentes. Las obligaciones tributarias propias del conjunto productivo de un Estado tienen un objetivo común, pero esta sustracción de renta procedente de aquellos que realmente colaboran en el crecimiento económico no debería destinarse a favorecer la permanente escalada de exigencias sociales de aquellos que menos se esfuerzan y que perciben una supuesta obligación moral para compensar las diferencias. Cuando un Estado prioriza el gasto público de transferencia en detrimento de quienes producen y generan capital, cuando al trabajador se le impone mantener un sistema político y social donde se fomenta el derecho de los improductivos a obtener bienes y servicios sin el menor esfuerzo ni compromiso alguno, entonces se desincentivará la laboriosidad y se propagará la injusticia social.

La verdadera causa del auge de la extrema derecha

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, no ha dudado en culpar a las redes sociales y los videojuegos por los graves disturbios ocurridos en diversos puntos del país galo desde el pasado 27 de junio hasta una semana después. En consecuencia, se establece la censura sobre los contenidos divulgados en las redes sociales con la intención, no de evitar que la revuelta se extienda, sino de impedir que se conozca el fracaso de todo un sistema político y la realidad social que amenaza la convivencia en Europa.

No menos delirante es la justificación de estos disturbios que da el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, al responsabilizar a los ricos de una revuelta motivada por la lucha de clases y alentando con ello la violencia y el caos en las calles francesas. Un desaprensivo intento para obtener el apoyo electoral de los incivilizados sublevados sin importarle convertirse en un pirómano social.

En España, según el Gobierno, los medios de comunicación y supuestos expertos, el alarmante incremento de los delitos sexuales se debería al consumo de pornografía y las agresiones homófobas responden al discurso de la ultraderecha. En ambos casos, por obvias razones e intereses políticos, los dirigentes nos están mintiendo. Pretenden convencernos de que no existe un enemigo exterior, de que el factor étnico no está relacionado con el aumento de la criminalidad. Sabemos que hay una causa común, unos rasgos recurrentes, pero hacerlo público está prohibido por una sociedad occidental acobardada.

Ante esta negación de la realidad, ante la incapacidad de los partidos todavía mayoritarios para buscar soluciones, la única respuesta al problema real proviene de la extrema derecha. Ocultar e ignorar la existencia de un mal es la peor manera de remediarlo, y esto es lo que tanto la izquierda como los centristas y la derecha convencional han propuesto en perjuicio de la ciudadanía. ¿Vamos a seguir esperando que la solución del problema venga de quien lo está originando?

Los bulos y las teorías conspirativas de extrema derecha

Cuando un hecho empírico resulta molesto para la izquierda o cuando éste contradice sus principios o planteamientos políticos, surge la acusación de un supuesto bulo urdido por la ideología contraria. La táctica más habitual de los izquierdistas consiste en ocultar la realidad y culpabilizar a la oposición. De esta manera los problemas no sólo no se solucionan sino que se agravan hasta alcanzar una magnitud incontrolada. En su inducido delirio colectivo, la izquierda reduce todos los males del pasado, presente y futuro de la humanidad en una causa única, la malvada derecha. A pesar de la irracionalidad y la falta de congruencia de su discurso, para una masa de resentidos esta canalización de todas sus frustraciones hacia un enemigo único y común ofrece una simplificada respuesta que satisface sus más elementales expectativas. Frente una razón empírica formulada por la derecha, los izquierdistas opondrán argumentos basados en la simple opinión subjetiva encaminados a suscitar emociones enfrentadas eludiendo con ello el problema en sí mismo. Cuando la realidad planteada por la oposición política resulta incómoda para la izquierda o cuando una solución conservadora perjudica sus intereses, la progresía responde castigando y reprimiendo cualquier mención al problema irresoluto mientras acusa al contrario de intolerante y conspirativo. Como es habitual, se mata al mensajero y se evita el conflicto ante la opinión pública. Así prevalece un único discurso impidiendo cualquier discrepancia. Toda una lección de «democracia».

La acusación por discurso de odio, un instrumento de guerra jurídica

En las últimas décadas hemos visto como las fuerzas políticas de los autoproclamados progresistas e izquierdistas han instrumentalizado las leyes contra el discurso de odio para convertirlo en el nuevo delito político que pretende suprimir toda crítica u opinión contraria a sus intereses. Según la Real Academia Española, un delito político es el «delito que establecen los sistemas autoritarios en defensa de su propio régimen». Con ello reaparece también el denominado crimen de pensamiento, con lo cual se constituye un sistema claramente represivo y antidemocrático que castiga la disidencia política.

Con estas leyes, decir la verdad está penalizado. Cualquier afirmación contraria a la versión impuesta por el grupo dominante se convierte en ilegal. El derecho a la libertad de expresión comprendido en la Constitución ya no es aplicable, como tampoco lo serán los principios de igualdad ante la ley ni el de non bis in idem, en tanto que la respuesta de la justicia exclusivamente se ensañará, de manera asimétrica, en el sujeto que no pertenece al grupo social considerado "tradicionalmente discriminado", así como se corre el riesgo de que una misma acción contraria a la ley se podrá castigar dos veces.

También se observa un efecto político y social contraproducente cuando determinados colectivos o grupos sociales gozan de una especial sobreprotección jurídica debido a unas políticas perniciosas de empoderamiento resultantes de una reivindicación constante y una planificada escalada de exigencias que favorecen la impunidad de estos grupos que terminan reclamando todos los derechos y prácticamente ninguna obligación, amparados siempre por políticos que, a su vez, dependen de su voto.

La persecución del denominado discurso de odio podría asimismo utilizarse para emprender una campaña hostil de guerra jurídica contra cualquier Estado, colectivo o grupo social con la finalidad de anular toda defensa u oposición a la agresión perpetrada por el mismo querellante, refugiado en el mismo sistema legal del que hace un uso perverso. Las posibilidades de injerencia exterior sobre cualquier Estado, colectivo o grupo se incrementan de manera alarmante cuando se da lugar al empleo de esta arma jurídica que casi siempre se termina volviendo contra quien la incluye en su código penal.

La ley de Godwin

La regla de analogías nazis de Godwin puede sintetizarse en que cuando un debate se alarga o se hace más complejo y acalorado, no tarda en aparecer, de manera directa o indirecta, la típica alusión al nazismo. Esta situación está claramente asociada con el argumentum ad Hitlerum, una falacia del tipo ad hominem que pretende deslegitimar al adversario mediante una espuria acusación con la cual es posible evitar razonamientos y que permite así cerrar la controversia de un modo satisfactorio —aunque deshonesto— para el autor de la falacia argumentativa.

El presidente Pedro Sánchez no ha dudado en recurrir una vez más a esta poco ingeniosa argucia para eludir las argumentadas críticas del profesor Ramón Tamames en la moción de censura. El jefe del Ejecutivo —y de todos los demás poderes del Estado— intenta descalificar a sus rivales recriminando el carácter conspirativo de la «extrema derecha» en contra de su Gobierno. Por suerte el veterano Tamames no se deja intimidar por el abusivo Sánchez y mantiene con firmeza su labor para salvar España del caos político, social y económico que viene padeciendo con la gestión actual.